EDITORIAL (22.2.00 EL MUNDO)

LA POLEMICA VENTA DEL MONOPOLIO DEL GAS
 Un informe oficial pone en cuestión las condiciones en las que se procedió, en 1994, a la venta de Enagás, titular de la infraestructura gasística del Estado, a la compañía Gas Natural. Si ya en su momento fue una operación polémica, el documento concreta ahora los detalles de la venta y los riesgos asumidos por el Estado.

El precio de la venta del 91% de Enagás fue de 51.000 millones de pesetas, muy por debajo del valor contable auditado (aproximadamente 93.000 millones). A pesar de ello, el INH asumió una serie de responsabilidades por diversas contingencias que supusieron pérdidas de 11.800 millones al sector público. Además, dos años más tarde, Enagás ejercitó la opción de compra de los activos ligados a la construcción del tramo marroquí el gasoducto Magreb-Europa, segregados inicialmente en la sociedad Sagane, en unas condiciones que, según el informe, implicaron una pérdida de más de 8.000 millones.

Lo más llamativo, sin duda, es que la venta -que ponía en manos de una empresa privada un monopolio, el de la distribución del gas- llevaba aparejada la asunción por parte del Estado de las posibles pérdidas por la aplicación de la cláusula take or pay en el aprovisionamiento de gas, es decir, de la obligación de hacerse cargo de la totalidad de los contratos previamente suscritos al margen de las necesidades reales y de otras contingencias sobrevenidas. El Consejo Consultivo de Privatizaciones valoró este riesgo en 1997, año hasta el que estuvo vigente esta particular garantía, en 230.000 millones de pesetas.

Tan ventajosas condiciones fueron ya denunciadas por el PP y por Izquierda Unida, que incluso presentó una proposición no de ley en el Parlamento para asegurar la transparencia de una venta que consideraba «un regalo». No es difícil constatar el transfondo político de la operación en el marco de los acuerdos entre el PSOE y CiU tras las elecciones de 1993: era Gas Natural, participada mayoritariamente por Repsol y gestionada por La Caixa, quien se hacía con el monopolio de la distribución del gas.

Afortunadamente, esta imbricación de la política con las empresas no se ha repetido en las privatizaciones realizadas por el PP en esta legislatura. Queda ahora acelerar la liberalización del sector del gas y limitar mediante la concurrencia los privilegios de Gas Natural. Es decir, seguir por el camino elegido por el actual Gobierno: sacar los negocios de los despachos públicos y colocarlos en un sistema de libre competencia.
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Más Información.- 22.2.00
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